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FSIE se ha unido en su lucha a las entidades que configuran el Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral (OADI) apoyando su protesta por el impago de más de 2 millones de euros, la mitad de ellos en concepto de facturas, que el Gobierno de Aragón adeuda a estas organizaciones desde principios de 2013 y que puede suponer el cierre en fechas próximas de alguna de los seis miembros de este Observatorio cuya vocación es la de atender a los disminuidos psíquicos que configuran el colectivo.

El retraso en los pagos ha llevado a que estos colectivos tengan que asumir la concertación de plazas en residencias para disminuidos psíquicos que, según el convenio marco establecido en la Ley de Servicios Sociales de Aragón aprobada en el 2010, deberían correr a cargo del Gobierno de Aragón.

Para Adislaf, uno de los integrantes de este Observatorio junto a Atades Huesca, Adisciv, Aspace Zaragoza, Aspace Huesca y Atades Zaragoza, en boca de su presidente, José María López, es hora de que el gobierno aragonés dé la cara y deje de mentir al respecto de esta cuestión cuando dice que no existen contratos o avales sobre esta deuda, ya que la organización posee documentos firmados y sellados por el ejecutivo maño donde se pide a la consejería de Hacienda que satisfaga el pago.

Fuentes de la Dirección General de Aragón (DGA) niegan que este documento, de carácter “interno”, se trate de un reconocimiento de deuda, sino de una muestra de “buena intención del departamento, dispuesto a buscar una solución”, insistiendo en su versión de que no existe contrato que certifique la deuda.

La situación ha llegado a su límite, ya que los integrantes del Observatorio aseguran que ya no tienen más margen, e insisten en la necesidad de que se llegue a un acuerdo concreto que procure una solución satisfactoria en beneficio de todas estas personas afectadas, un colectivo vulnerable al que se debe proteger.