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El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha condenado a la Consejería de Educación de esta comunidad autónoma a pagar una indemnización de 14.051,84 euros a una profesora de un colegio concertado, al considerar que la modificación de sus condiciones laborales la llevaron a solicitar la extinción de su contrato con su centro, en el que llevaba trabajando desde 1998, motivada por la decisión de la Consejería de suprimir unidades en el mismo. El fallo aclara que, dado que es la administración quien provoca la causa de esta decisión, es ella quien debe hacerse cargo de la indemnización, y no la empresa.

 

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FSIE se felicita por el Acuerdo por la Educación alcanzado en Cantabria, un pacto que ha sido calificado de histórico, y en el que la organización ha participado activamente junto a otros sindicatos, patronales, asociaciones de padres y madres, otros agentes y representantes de la administración. Tras 18 largos meses de trabajo conjunto el documento final se aprobó por unanimidad y establece en sus 120 medidas las bases para el futuro de la educación en esta comunidad, partiendo de premisas como la equidad, la inclusión, la calidad o las capacidades de cada alumno. 

Para lograr que este gran reto sea una realidad, la administración se compromete a dedicar una financiación mínima del 5 por ciento del PIB en ocho años, para intentar llegar hasta el 7 por ciento en los ocho años siguientes. Entre las prioridades del pacto alcanzado está luchar por compensar las desigualdades, centrándose para ello en la atención a la diversidad. Se promoverá la innovación, se procurará rebajar la ratio alumnos-profesor para establecer un máximo de 18 niños en las aulas de 2 años; 25 en las etapas de Infantil, Primaria y ESO; y 30 en Bachillerato. 

 

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El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, respondió positivamente a la petición realizada por FSIE-Aragón realizada el pasado 27 de marzo tras conocerse el pacto entre el Partido Socialista (PSOE) y Podemos que afecta directamente a los conciertos en esta comunidad. El Justicia, que tras la solicitud de nuestra organización recibió otras en la misma línea de otras entidades, consideró realizar una sugerencia a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,  María Teresa Pérez Esteban.

El Justicia pide a la Diputación General de Aragón (DGA) que no realice modificación alguna a priori, ofertando en el próximo proceso de escolarización las mismas vías que están funcionando en la actualidad en los centros que prestan el servicio público de educación, públicos y privados concertados; y en función de dicha demanda social, se proceda a posteriori a la supresión de unidades en aquellos centros que no hayan tenido la demanda suficiente por parte de las familias participantes en el proceso.

 

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FSIE encabezó, junto a otras organizaciones sindicales y patronales, la manifestación que este 4 de abril recorría las calles de Zaragoza en apoyo a la libertad de enseñanza y de la educación concertada y que reunió a más de 20.000 personas procedentes de todas las provincias aragonesas y de fuera de ellas que piden que se rectifique el acuerdo que han alcanzado PSOE y Podemos para firmar los presupuestos y que supone la no renovación de conciertos educativos.

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FSIE, como sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza concertada de Badajoz y en el territorio nacional, se reunió este 28 de marzo con la Consejera de Educación y Empleo de la comunidad, María Esther Gutiérrez, y con el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez, para transmitirles la preocupación de nuestra organización y el malestar de los trabajadores del sector por algunas cuestiones dependientes de la administración que aún están sin resolver.

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FSIE-Aragón celebró esta semana una asamblea informativa para dar a conocer el estado de las negociaciones tras el acuerdo de presupuestos alcanzado por PSOE y Podemos que recoge no renovar 28 conciertos educativos en la comunidad. La incertidumbre creada tras este anuncio ha llevado a FSIE a ponerse en contacto con la Diputación General de Aragón (DGA), que aseguró a la organización en un primer momento que se garantizaban los puestos de trabajo. Aún así, según la DGA, no renovarían hoy por hoy una de sus aulas de 1º de Infantil el próximo curso los siguientes nueve centros: Cristo Rey, Jesuitas, La Anunciata, Teresianas del Pilar, Santo Domingo de Silos, Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús, Santa María del Pilar-Marianistas y el San Gabriel de Zuera.

 

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Al grito de "no somos trabajadores de segunda" o "iguales para bajar, iguales para subir", cientos de personas acudieron este miércoles 16 de noviembre a las puertas del Parlamento de Navarra convocados por SEPNA-FSIE y otras organizaciones sindicales con representación en el sector de la enseñanza concertada para exigir al cuatripartito que cumpla con su acuerdo programático y revierta los recortes que sufren desde 2010 los trabajadores de estos centros.

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Tras un laborioso proceso de doce meses de trabajo, finalmente, el Pacto Social por la Educación en Aragón ha sido firmado, y en nombre de FSIE-Aragón, el secretario general de la organización, Miguel Malla Mora, fue el encargado de rubricar este acuerdo con el que se busca dar estabilidad al sistema educativo.

El Pacto Social por la Educación, entregado al Gobierno de Aragón por el Consejo Escolar, compromete a las fuerzas políticas y cuenta con el respaldo de todas las organizaciones que conforman en el Consejo, a excepción de los sindicatos CCOO, STEA y CGT, que, tras aportar y negociar durante todo un año, decidieron no firmar. 

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SEPNA-FSIE, junto a las otras organizaciones sindicales con representación en la enseñanza concertada, han convocado para este miércoles 16 de noviembre, a las 18:30 horas, una movilización frente al Parlamento de Navarra para reinvindicar ante la administración foral que se rectifiquen las medidas recogidas en un borrador presentado por el Departamento de Educación de esta comunidad para la firma del nuevo convenio en el que claramente se empeoran las condiciones laborales de los profesionales del sector, consolidadas y recogidas en un acuerdo en vigencia hasta finales de este año.

Los profesionales de la enseñanza concertada, que atienden al 40% del alumnado navarro, han padecido desde 2010 una serie de recortes que han mermado su salario entre un 7% y un 9%, según las etapas. En 2015, el nuevo Gobierno foral presentaba un acuerdo programático que recogía la reversión de estos recortes