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FSIE NO ESTÁ DE ACUERDO CON LAS REVÁLIDAS, PERO NO SECUNDA LA CONVOCATORIA DE HUELGA POR LOS MENSAJES QUE EXCLUYEN A LA ENSEÑANZA CONCERTADA

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A propósito de la huelga convocada para este 26 de octubre por las organizaciones CEAPA y FAEST, en la que se pide la supresión de las reválidas impuestas por la LOMCE, FSIE, aunque puede compartir algunos puntos que sostienen dicha convocatoria, no la suscribe al no estar de acuerdo con algunos de los mensajes que subyacen bajo los llamamientos de ambas entidades y que no se ajustan a las líneas de actuación definidas por nuestra organización. 

FSIE quiere dejar claro que esta convocatoria responde a intereses exclusivamente de organizaciones de la enseñanza pública, y que en ningún momento ha existido en el sector de la enseñanza concertada reunión sindical alguna que estudiara la huelga o algún tipo de movilización relacionada con este asunto de las reválidas.

La postura de FSIE sobre este tema, y que entre otros ha transmitido al ministro de Educación en su último encuentro y a las distintas formaciones políticas antes de las últimas convocatorias electorales, es que no somos partidarios de unas reválidas que sirvan para otorgar la titulación, considerando que es más importante la evaluación continua realizada por los docentes. No creemos en estas pruebas por no ser pruebas de diagnóstico, puesto que sus resultados no sirven para la mejora del sistema ni ayudan a superar los problemas que pudieran afectar a alumnos o profesores. Además, pueden dificultar el progreso de los alumnos en el sistema y su acceso a la universidad o la FP.

Por otra parte, su aplicación deja pendiente una cuestión de fondo de vital importancia como es qué ocurre con aquellos alumnos que no las superan y, en lo referido a su aplicación, dejan fuera del proceso de evaluación a los profesionales de la enseñanza concertada, constituyendo una discriminación de los docentes de estos centros con respecto a sus compañeros de la función pública, cuestión que ha llevado a FSIE a interponer un recurso de impugnación del decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato ante el Tribunal Supremo.