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Alumnos en clase copiaEl pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el “Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria” orientado a revertir los aspectos del Real Decreto Ley 14/2012 relativos a la carga lectiva, las sustituciones del profesorado y el ratio alumno-profesor.

Con la aprobación de esta ley ordinaria de artículo único se establece que las administraciones autonómicas podrán fijar la jornada lectiva de los docentes recomendándose un máximo de 23 horas de carga lectiva en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y de 18 en los centros que imparten el resto de enseñanzas.

Como ya denunciara la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza el pasado mes de septiembre, esta medida supone una nueva discriminación a los docentes de la enseñanza concertada al indicarse claramente en el texto que dicha medida podrá aplicarse solo en los centros públicos, permitiendo que en los centros concertados la carga lectiva alcance las 25 horas semanales con el agravante de unos salarios sustancialmente inferiores.

Desde el sindicato se ha exigido desde el primer momento que, teniendo en cuenta que esta reforma se justifica en la necesidad de acometer la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia en la enseñanza no universitaria, debe aplicarse sin distinción y en igualdad de condiciones a todos los docentes de centros sostenidos con fondos públicos. Por ello, FSIE inició una ronda de contactos con los representantes de todos los grupos parlamentarios para presentar su propuesta de homogeneización de la carga lectiva en cumplimiento de lo establecido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia del Pleno 26/2016, del 18 de febrero de 2016, en la que dictamina claramente que la carga lectiva del profesorado de los centros públicos y privados concertados es competencia de la Administración.

Marta Martín, portavoz en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados por Ciudadanos, materializaba en el pleno de ayer el apoyo a la propuesta de FSIE presentando una enmienda a la totalidad en la que, además de la elaboración de un estatuto de la profesión docente, solicitan que se establezca un “marco de horas lectivas que permita minimizar las diferencias entre las distintas Administraciones Educativas tanto en la definición y cómputo de las mismas como en el número de horas mínimas y máximas que un docente puede impartir con independencia del territorio en el que se encuentre”.

En este sentido, y como síntoma inequívoco del descontento general del sector educativo, también ha manifestado su disconformidad con la reforma la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que en un comunicado señalaba que es esencial contar con un currículo y una carga lectiva básica e igual para todo el Estado.

Por su parte, FSIE continuará exigiendo al Ministerio de Educación y Formación Profesional que aplique los mismos criterios en todos los centros sostenidos con fondos públicos, como dictaminó el Consejo Escolar del Estado el pasado octubre, para que todos los docentes puedan ejercer su profesión en igualdad de condiciones.