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Reuniones PP CsFSIE, junto al resto de organizaciones patronales, sindicales y asociaciones de padres ha sido convocado a sendas reuniones por el Partido Popular y Ciudadanos para analizar la situación creada a raíz de las polémicas declaraciones de la Ministra en funciones Isabel Celaá negando que el derecho de los padres a la libre elección de centro sea un derecho constitucional afirmando que el art. 27 no lo establece.

Es evidente la hoja de ruta marcada desde hace meses por el PSOE. Su Proyecto de Ley de Educación, que ya registró en el Congreso de los Diputados antes de las elecciones generales del mes de abril, no contempla la “demanda social” como factor a tener en cuenta en la programación de la oferta educativa que deben realizar las administraciones. Es decir, ninguna administración estará obligada a tener en cuenta las preferencias de las familias a la hora de ofertar las plazas escolares de los centros sostenidos con fondos públicos.

El Estado y las administraciones públicas se sitúan por encima del derecho de los padres a elegir libremente el centro educativo que consideren más adecuado para sus hijos. Y todo ello obviando la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, numerosos tratados internacionales ratificados por España, abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, y nuestra Constitución.

En esta lucha ideológica hay quien todavía no entiende que la enseñanza concertada y sus profesionales no son un problema para el sistema educativo ni para la sociedad española. Por el contrario, es una parte muy necesaria, positiva y de calidad que aporta un gran servicio al desarrollo del país.

El objetivo es asfixiar progresivamente la enseñanza concertada dejándola en la mínima expresión. Quienes avancen en esta línea tendrán enfrente a quienes sí defendemos la libertad y pluralidad oponiéndonos radicalmente al pensamiento único y a la limitación de las libertades y derechos que nos reconoce la Constitución.

En este camino, el PP y Cs han comunicado al sector que están dispuestos a defender con todos los medios políticos y jurídicos estos derechos y a garantizar que la enseñanza concertada seguirá siendo un modelo que formará parte del sistema educativo y que podrá ser elegido libremente por los padres. FSIE agradece estas posiciones y apoyo al sector y, sobre todo, la defensa de los derechos constitucionales.

FSIE espera ahora que el Ministerio y el PSOE llamen también al sector y clarifiquen de una vez su posición y las medidas que, en caso de formar un gobierno en las próximas semanas, van a tomar con relación a las empresas, profesionales, familias y alumnos que en total libertad eligen la enseñanza concertada.

La educación, el sistema educativo debe quedar al margen de los vaivenes e intereses de los partidos políticos siempre cortoplacistas e interesados. No quieren el Pacto Educativo y apuestan por recrudecer un escenario de confrontación interesada entre la enseñanza concertada y la pública. Un gran error.