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El periódico MAGISTERIO publica en su edición del 17 de noviembre de 2010 un artículo del Secretario General de FSIE, Jesús Pueyo Val, en su sección de TRIBUNA.

En éste, Jesús Pueyo, afirma que "las decisiones que en estos últimos meses han tomado con respecto a la enseñanza concertada la mayoría de los gobiernos autonómicos, el Ministerio de Educación y el Gobierno de España, han colocado al sector en una situación límite. Se ha perdido mucho de lo que se había avanzado en cuanto al diálogo entre administración pública, representantes de los trabajadores y empresarios del sector. Se ha retrocedido por decisión unilateral del Ministerio y de la mayoría de las Consejerías, y se han vuelto a instaurar la desconfianza, el recelo y la discriminación más dura. En definitiva, a la consideración de la enseñanza concertada como subsidiaria de la pública, como una enseñanza de segundo orden, cuando en realidad presta un gran servicio a la sociedad a un coste muy inferior ".

Han decidido bajar los salarios de los docentes de centros concertados obviando que estos no son fijados por los Presupuestos Generales del Estado ni por los de las Comunidades. Olvidando que llevamos un proceso de 23 años para equipararnos con los funcionarios docentes, tal y como establece la Ley, y sin terminar de estar equiparados se nos aplican los mismos e injustos recortes que a los funcionarios. ¿Por qué no nos equiparan primero y luego nos recortan lo mismo a todos?

FSIE está defendiendo y defenderá ante los tribunales cualquier recorte que de forma unilateral lleven a efecto las administraciones. El Ministerio ni siquiera ha tenido la deferencia de comunicar al sector la decisión de recortar los módulos de los conciertos educativos en los próximos Presupuestos Generales.

Los docentes tienen su relación laboral con los empresarios, no con la Administración. Las retribuciones son establecidas en el marco de la negociación colectiva regulada en el Estatuto de los Trabajadores y que tiene como agentes a los representantes legales de los trabajadores y de los empresarios. Si la Administración fija nuestros salarios y se permite recortarlos, la consecuencia más evidente es que somos personal dependiente de la administración, y si es así deberíamos serlo a todos los efectos, no sólo ante los recortes.

Se recortan también la partida dedicada a sustituciones cuando los docentes de centros concertados trabajan muchas más horas a la semana y en los centros hay un número sustancialmente inferior de profesores y ni siquiera se reconoce la función directiva.

Se recortan los “gastos” entre los que se encuentra por un lado el salario del Personal de Administración y Servicios ‑por debajo de los mil euros en la mayoría de casos‑ y por otro lo que se supone debe cubrir los gastos de funcionamiento de los centros. FSIE viene exigiendo el pago delegado para el PAS desde hace años como única forma de que puedan recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y que se agrava ahora con este posible nuevo recorte. FSIE viene exigiendo que el módulo económico cubra el coste real de los gastos de funcionamiento, de la enseñanza y de los salarios equiparados de los docentes. La anunciada constitución de la Comisión de análisis del módulo del concierto educativo prevista en la LOE desde el año 2006, estará obligada a acabar sus trabajos dejando constancia de lo que FSIE también ha denunciado hace años: el coste de un puesto escolar en la enseñanza concertada le sale al Estado y las CCAA entre un 30 y un 40% más barato que en un centro público.

Si a este déficit que está asfixiando económicamente a los centros la solución que se aporta por los responsables políticos es reducir aún más la cantidad destinada a la enseñanza concertada o multar con cantidades astronómicas a aquellos que perciben aportaciones voluntarias de los padres para hacer frente a los gastos, es palmario que debemos concluir que se está buscando, sino la desaparición, sí el cierre de muchos centros concertados que no podrán soportar esta situación de quiebra económica. Esto supondrá la pérdida de muchos puestos de trabajo de docentes y no docentes y el trasvase obligado de alumnado a otro tipo de centros que no serán los elegidos por sus padres.

La enseñanza concertada tiene su razón de ser en la aplicación del derecho constitucional a la libre elección del tipo de escuela que los padres quieren para sus hijos y la obligación del poder público de satisfacer dicho derecho en régimen de gratuidad en las enseñanzas obligatorias. Por lo tanto, los centros públicos y concertados deben tener el mismo tratamiento en cuanto a recursos materiales y humanos y en cuanto a la financiación de sus gastos de personal y de funcionamiento.

Los partidos políticos coinciden, raro pero cierto, al afirmar todos sin excepción que la educación es un factor fundamental para salir de la crisis económica, que invertir en educación es la solución y garantía de un futuro sostenible del país. Hay que denunciar la hipocresía y la ligereza con la que se realizan estas grandilocuentes afirmaciones porque la realidad nos lleva a encontrarnos con una severa disminución en los recursos y un severo castigo a sus profesionales a quienes para “dignificar y reconocer su labor” se les reduce el sueldo.

 
 

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