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FSIE no ha participado nunca en ninguna huelga de carácter político. Tras las oportunas consultas a trabajadores del sector y las decisiones adoptadas por unanimidad de los órganos ejecutivos, tampoco secundaremos las convocatorias de los sindicatos de clase UGT, CCOO y USO, ni las de los sindicatos nacionalistas.

FSIE, desde nuestra independencia, rechaza los recortes que en derechos y condiciones laborales venimos sufriendo desde el año 2010 como consecuencia de la crisis económica y que han sido aprobados por los gobiernos del PSOE y del PP. Tenemos la convicción de que los trabajadores no hemos creado esta situación pero estamos siendo los que más estamos pagando sus efectos.

Rechazamos la huelga del año 2010 y éstas del 2012 porque responden a intereses que no son estrictamente la defensa de los derechos laborales y porque, en ambas ocasiones, no se busca realmente hacer de esta medida extrema un instrumento eficaz.

La crisis se ha agravado especialmente en España como consecuencia de la errática política económica del anterior gobierno, del evidente descontrol de la gestión pública de todas las administraciones, sin distinción de color político, y del deterioro acumulado y consentido del sistema financiero.
 
La aprobación de dos reformas laborales vía Decreto Ley son consecuencia del fracaso de quienes dicen representar a todos los trabajadores y empresarios. Las organizaciones UGT, CCOO y CEOE son, pues, colaboradores y responsables necesarios de la lamentable situación en la que nos encontramos.
 
Sorprende también que una presunta acción sindical tenga el apoyo y respaldo de quien gobernando aprobó, como “necesaria y justificada”, su Reforma Laboral de 2010. Se incrementó el desempleo en más de tres millones de personas, se elevó el déficit hasta el 8,5% y, todo ello, con la pasividad de la gran patronal y de los grandes sindicatos que ahora convocan la huelga.
 
El Decreto Ley sólo admitirá los cambios que negocien las fuerzas políticas en el trámite parlamentario. Por ello, FSIE ha presentado a los grupos parlamentarios nuestras propuestas para reducir la dureza de la reforma.
 
Una huelga general supone, en estos momentos, una nueva pérdida de salario, un perjuicio para la producción y para la imagen del país. Desde luego no contribuye en nada a reducir el desempleo y el déficit. FSIE entiende que se podrían haber organizado otro tipo de medidas de presión que no supusiesen un nuevo esfuerzo económico para los trabajadores en sus ya mermados salarios.
 
FSIE, en defensa de los intereses de los docentes y no docentes de la enseñanza privada y concertada, tampoco puede compartir pancarta ni acción sindical con quienes apuestan por la defensa de los servicios públicos en contra de lo privado o concertado, con quienes buscan el patrocinio de determinados partidos, con quienes aprovechan esta huelga para mezclar temas laborales con sociales y políticos.
 
Baste como ejemplo la “Declaración conjunta del consejo confederal de CCOO y del comité confederal de UGT, con respecto al 29 de marzo.”
 
FSIE apuesta por un modelo sindical distinto a los sindicatos de clase UGT, CCOO y USO o al de intereses exclusivamente nacionalistas. También es necesario otro modelo empresarial y otra forma de hacer política sobre todo en lo que a responsabilidades públicas se refiere. 
 
FSIE rechaza los recortes en educación, especialmente los que afectan a sus profesionales y al funcionamiento de los centros. FSIE trata de combatir estas medidas sin pedir nuevos esfuerzos económicos a los trabajadores, intentando que sean transitorias y reversibles en el menor tiempo posible.
 
La mayoría de la ciudadanía está actuando con grandes dosis de responsabilidad que no debe ser entendida por los gobernantes como una aceptación resignada de las decisiones que están tomando. Si se confunden en este análisis, el conflicto social será generalizado.
 
FSIE solicita al Gobierno y al Congreso que dejen ya la política de recortes e incremento de impuestos, porque sólo con eso, no salimos de la crisis. Deben centrar sus esfuerzos en otros ámbitos.
 
FSIE considera que deben exigirse responsabilidades penales y civiles a los dirigentes públicos que han generado intencionadamente un déficit desorbitado. Que debe haber una mayor exigencia al sistema financiero para obligarle a restablecer el crédito. Es necesaria una persecución inflexible al fraude fiscal y la economía sumergida y una organización eficaz y eficiente de la administración pública suprimiendo todo lo innecesario o que esté duplicado.
 
Con estas medidas se reduciría el déficit y se podría crear empleo, que es lo que necesitamos.
 
 
 

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