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Tras presentar el pasado 19 de octubre el recurso de impugnación contra el Real Decreto que regula las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, por designar al profesorado funcionario como el único encargado de aplicar y calificar estas pruebas, el Tribunal Supremo, según publica el BOE este 14 de noviembre, da un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la norma.

 

FSIE formalizaba la impugnación, tal y como ya hiciera con el decreto que regulaba la evaluación de Primaria, por considerar que existe un trato legislativo discriminatorio al excluir a los docentes de la enseñanza privada y concertada de la calificación de las pruebas en favor de sus homólogos funcionarios, que, además, se encargarán de la realización, seguimiento y supervisión de estas evaluaciones que otorgan a los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato el título académico correspondiente a la finalización de estas etapas.

Según argumenta FSIE, este Real Decreto supone un incumplimiento de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo (LOMCE), donde se establece que “las pruebas finales externas serán aplicadas y calificadas por profesorado del sistema educativo español externo al centro”. En la misma ley se deja claro que el sistema educativo español está formado por todos los profesionales tanto del sector público como privado.

FSIE insiste en que el Real Decreto  es contrario a la ley, además de constituir una discriminación inaceptable de los docentes de la enseñanza privada y concertada, profesionales que poseen idéntica titulación que sus homólogos de la función pública y que parece que están suficientemente cualificados para educar, evaluar y decidir sobre sus alumnos, pero no para participar en las pruebas de evaluación de un sistema del que también forman parte.

FSIE ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a estas evaluaciones finales, tal y como están reguladas en este momento, y ha solicitado al Ministerio de Educación y a los partidos políticos que adopten con urgencia las medidas necesarias para aplazar su aplicación hasta que se alcance un demandado consenso sobre una nueva ley educativa.