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Las organizaciones patronales y de titulares del sector educativo privado y concertado, CECE, Escuelas Católicas y UECOE, las confederaciones de padres CONCAPA y COFAPA y los sindicatos FSIE  Y USO, rechazan el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación por considerar que se trata de una pretensión ideológica que vulnera la normativa existente y no se ajusta a las directivas comunitarias. Además, denuncian la arbitrariedad e inseguridad jurídica de dicho anteproyecto y alertan de las enormes dificultades que puede añadir a la tarea docente.
 
Recientemente, diferentes medios de comunicación se han hecho eco, de una u otra forma, del informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, resaltando determinadas cuestiones puestas de manifiesto por el máximo órgano de gobierno de los jueces, y emitiendo, a su vez, su particular y legítima valoración de la proyectada disposición.
 
Partiendo del citado informe, y teniendo en cuenta que estamos ante el texto de un “anteproyecto” de Ley, que debe pasar aún por diversos trámites, las organizaciones firmantes, que representan al sector de la enseñanza privada (titulares, padres y profesores), manifestamos nuestra gran inquietud porque este anteproyecto no respeta las normativas comunitarias.

Lo más preocupante para las entidades antes mencionadas es la sobrecarga de dificultad que este anteproyecto impone a los centros escolares, obligando a titulares y profesores a demostrar continuamente que sus acciones no son discriminatorias en el transcurso ordinario de la convivencia escolar, es decir, a demostrar la no culpabilidad.
En definitiva, esperamos que este proyecto normativo -que desde el mundo educativo no vemos ni urgente ni prioritario-, si sigue su desarrollo se ajuste a las directivas comunitarias, a lo que la sociedad necesita en materia de igualdad y no a una pretensión ideológica del Gobierno.
 
CECE, Escuelas Católicas, UECOE, CONCAPA, COFAPA, FSIE Y USO instan a los grupos políticos con representación parlamentaria a ejercer su responsabilidad en la defensa del pluralismo educativo, y el derecho constitucional de los padres a la elección de centro y a la gratuidad de las enseñanzas básicas y obligatorias.
 
 

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