La pasada semana el sector de la educación al completo manifestaba su oposición y preocupación por la aprobación en el Congreso del “Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria”.

Desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza se ha manifestado repetidamente nuestra preocupación por la nueva discriminación que supone esta normativa hacia los profesionales de la concertada al impedir la homogeneización de la carga lectiva en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el “Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria” orientado a revertir los aspectos del Real Decreto Ley 14/2012 relativos a la carga lectiva, las sustituciones del profesorado y el ratio alumno-profesor.

Con la aprobación de esta ley ordinaria de artículo único se establece que las administraciones autonómicas podrán fijar la jornada lectiva de los docentes recomendándose un máximo de 23 horas de carga lectiva en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y de 18 en los centros que imparten el resto de enseñanzas.

El Gobierno aprobó el pasado viernes prorrogar unas mejores condiciones de acceso a la jubilación parcial y el contrato de relevo hasta el año 2023 pero solo a los trabajadores del sector de la industria.

Parece ser que para el Ejecutivo millones de trabajadores en el país no merecen acceder a la jubilación parcial con dichas condiciones ni disfrutar en sus sectores del rejuvenecimiento de plantilla y la creación de empleo que propicia el contrato relevo.